El despacho ya se automatizó. El juzgado, no.

Lo que sigue es la tesis de uno de nuestros inversores sobre hacia dónde va el ejercicio del Derecho en los próximos años. No es una previsión de Nearius ni un compromiso de producto: es una lectura del mercado, con la que se puede estar en desacuerdo. Las cifras que se manejan son estimaciones suyas, y así están señaladas. La tesis está desarrollada también en vídeo: ver aquí.

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1. La brecha inevitable

Hay dos relojes corriendo a velocidades distintas.

En el primero, un abogado de treinta y cinco años que hace dieciocho meses redactaba a mano cada fundamento hoy tiene un asistente que le lee el expediente completo, le localiza la doctrina aplicable y le devuelve un borrador antes del café. En el segundo, un juzgado sigue recibiendo escritos en PDF, imprimiéndolos, y esperando su turno en una pila que no ha dejado de crecer desde antes de la pandemia.

Los dos relojes están en la misma sala de vistas. Esa es la brecha, y no es un problema de actitud: es un problema de presupuesto y de arquitectura. El despacho privado adopta tecnología cuando le sale a cuenta. La Administración de Justicia la adopta cuando termina un expediente de contratación pública.

La distancia entre ambos ritmos no se va a estabilizar. Se va a ensanchar.

2. El superpoder: encontrar la aguja

Lo que la IA le da al abogado no es velocidad de escritura. Eso es lo menos interesante.

Lo que le da es la capacidad de encontrar cosas que antes eran físicamente indetectables. Un expediente de tres mil folios convertido a texto plano, troceado e indexado por significado y no por palabras deja de ser una pila de papel y pasa a ser un espacio consultable. La contradicción entre el burofax de marzo y la declaración testifical de octubre estaba ahí desde el principio; nadie la veía porque nadie puede leer tres mil folios reteniendo todo a la vez. Un sistema sí.

Multiplíquese por la jurisprudencia: no ya buscar por palabras clave y leer veinte sentencias, sino recorrer el grafo de citas hasta dar con la resolución que sostiene la línea, y con la que la contradice.

Nuestro inversor estima que esto se traduce en una mejora de entre el diez y el veinte por ciento en la tasa de éxito de los asuntos bien preparados. Es una estimación, no un dato medido —quede claro—, y depende por completo de que el abogado siga siendo quien decide. Pero la dirección es difícil de discutir: en un litigio, el que encuentra el argumento que el otro no encontró, gana.

3. La saturación

Aquí viene la parte incómoda.

Si redactar un escrito de sesenta páginas con cuarenta citas correctamente verificadas pasa de costar dos semanas de trabajo a costar una tarde, el número de escritos de sesenta páginas no se mantiene constante. Aumenta. Y no solo el número: la complejidad. Motivos de recurso que antes no compensaba desarrollar pasan a desarrollarse porque desarrollarlos ya no cuesta nada.

El coste marginal de litigar bien está cayendo. El coste marginal de resolver un litigio, no: sigue siendo un magistrado leyendo.

Un sistema que ya arrastra retrasos crónicos va a recibir más volumen, más denso y mejor argumentado, generado por una parte que ha multiplicado su capacidad de producción mientras la otra —el tribunal— mantiene exactamente la misma. No hace falta ser pesimista para ver el cuello de botella; basta con saber dividir.

Y conviene decirlo sin triunfalismo: parte de ese volumen será excelente y parte será basura sofisticada. Los tribunales ya están empezando a distinguir una de otra, y a sancionar la segunda.

El escrito perfecto es un presupuesto de tokens

Aquí está, para nuestro inversor, el corazón del asunto, y es la idea con la que se queda si hay que quedarse con una sola.

Un escrito no se escribe: se pule. Y pulir es iterar. Primer borrador. Releerlo buscando el flanco débil. Verificar las cuarenta citas una por una. Escribir el escrito del contrario contra el propio y ver qué aguanta. Reordenar los motivos por fuerza real y no por orden cronológico. Comprobar otra vez las cifras. Volver a empezar.

Cada una de esas vueltas, hecha por una máquina, tiene un precio medible: tokens. Y a diferencia de las horas de un abogado, los tokens no se cansan ni tienen otro asunto que atender a las seis de la tarde. La única variable es cuántos estás dispuesto a gastar.

Eso convierte la calidad de un escrito en algo que hasta ahora no era: una función continua del presupuesto. Antes, un despacho grande y uno pequeño podían presentar escritos parecidos si el pequeño tenía mejor abogado y le echaba las horas. El talento compensaba el tamaño. A partir de ahora, dos abogados igual de buenos, con el mismo caso y los mismos hechos, presentarán escritos distintos si uno puede permitirse veinte pasadas de verificación y el otro tres.

La pericia deja de ser el recurso escaso. El cómputo pasa a serlo. Y el cómputo, a diferencia del talento, se compra.

Es la misma lógica que explica por qué el volumen va a crecer: no porque haya más pleitos, sino porque cada pleito absorbe todo el cómputo que se le quiera echar, y siempre hay una vuelta más que mejora algo. El límite ya no lo pone el cansancio del profesional. Lo pone la factura.

4. Jueces desarmados

La consecuencia previsible de no dar herramientas es que la gente se las busca.

Si un juez tiene que resolver el triple de asuntos con la misma jornada, y la institución no le proporciona ninguna herramienta, lo que ocurre no es que renuncie a la tecnología: es que abre una pestaña del navegador y pega el borrador en el chatbot comercial que tenga a mano. Sin trazabilidad, sin garantías sobre dónde acaban esos datos, sin política de uso, sin registro. Clandestinidad, no por mala fe, sino por necesidad.

La alternativa razonable es la contraria: dar herramientas acotadas y auditables antes de que la necesidad las improvise. Y el primer caso de uso no es dictar sentencias —eso ni está sobre la mesa ni debería estarlo— sino revisarlas. Un corrector de resoluciones que comprueba lo verificable: que las cifras del fallo cuadren con las de los fundamentos, que los nombres de las partes sean consistentes, que el artículo citado esté vigente y numerado como toca, que la sentencia que se invoca exista y diga lo que se le atribuye.

Nuestro inversor calcula que una herramienta así eliminaría en torno al sesenta por ciento de los errores materiales que hoy obligan a autos de aclaración. De nuevo: estimación, no medición. Pero es un tipo de error que se corrige con comprobación mecánica, no con criterio jurídico, y por tanto es exactamente el tipo de error que una máquina puede quitar de en medio sin tocar ni una coma de la función jurisdiccional.

5. La encrucijada: coste, y de quién es el servidor

Queda el problema de con qué.

Los modelos comerciales estadounidenses son, hoy, los mejores en razonamiento jurídico complejo. También se pagan por token, y el precio efectivo de una organización que procesa expedientes enteros no se parece al de un usuario que hace preguntas sueltas: crece con el volumen, y el volumen de un juzgado es enorme. Un despliegue serio en la Administración de Justicia española con facturación por consumo tiene un coste que nadie ha presupuestado.

Y hay un segundo problema, que no es económico. Un expediente judicial contiene lo más íntimo que una persona entrega al Estado: su historia clínica, su situación familiar, su declaración como víctima. Enviar eso a la API de un tercero radicado fuera de la Unión Europea es una decisión de soberanía, no una decisión de compras.

La salida técnica existe y está madurando rápido: modelos abiertos —hoy, en buena medida, de origen chino— desplegados en servidores propios. El dato no sale del edificio. El coste deja de ser por token y pasa a ser por hardware, que se amortiza. La contrapartida es real: menos capacidad bruta que la frontera comercial, y equipos que hay que montar y mantener.

Que las mejores opciones abiertas vengan hoy de China tiene su propia ironía geopolítica, y merece decirse en voz alta en vez de disimularse. Pero la diferencia entre un modelo abierto ejecutado en un servidor propio y un modelo cerrado ejecutado en el servidor de otro no es de bandera: es de control. Los pesos se descargan, se auditan y se congelan. La dependencia se acaba el día de la descarga.

6. Igualdad de armas

El principio de igualdad de armas no dice que las partes tengan que ser igual de ricas. Dice que el proceso tiene que darles las mismas oportunidades de hacer valer su posición ante un tribunal capaz de valorarlas.

Ese principio no estaba pensado para un escenario en el que una parte procesa el expediente en minutos y la otra —o el propio tribunal— lo lee en semanas. No se rompe por mala fe de nadie: se rompe por diferencia de cómputo.

Y la asimetría tiene dos caras, no una. Entre las partes: el que puede pagar veinte pasadas contra el que puede pagar tres, con el turno de oficio en el extremo malo de esa recta. Y entre las partes y el tribunal: un magistrado que recibe dos escritos pulidos con más cómputo del que él tiene para leerlos no está en condiciones de arbitrar nada. Está en condiciones de firmar lo que mejor le suene.

Lo que hace falta no es exótico ni caro comparado con lo que ya se gasta: capacidad de cálculo local en los tribunales, modelos desplegados dentro de la red judicial, y formación para usarlos con criterio y con límites escritos. Y hace falta ahora, mientras la asimetría todavía es corregible.

Porque la parte privada ya no va a esperar. Esa decisión está tomada, y no la tomó nadie: la tomó el precio.