El artículo que el actor citaba no decía lo que él decía

Hay un tipo de error que no se ve leyendo. Se ve comparando.

Esta semana, revisando la demanda de un pleito en el que somos parte —un juicio verbal por daños entre dos fincas colindantes en la provincia de León, con reclamación de 9.714 € de obras y 3.363 € de indemnización—, el fundamento de derecho primero decía esto, literal:

«territorialmente, por imperativo del artículo 52.1.9º de la LEC, que establece como fuero preceptivo para los juicios en los que se pida indemnización de daños y perjuicios derivados de culpa o negligencia el del lugar en que se hubieren producido los daños».

Suena bien. Encaja con el caso: se reclama por el artículo 1902 CC, hay culpa, hay daños, hay un lugar donde se produjeron. Un lector con prisa lo da por bueno y pasa al fundamento siguiente.

El texto real del art. 52.1.9º LEC, consolidado en el BOE, es este:

«En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor será competente el tribunal del lugar en que se causaron los daños.»

No hay coches en este pleito. Hay una medianera y unas filtraciones. El precepto invocado como único fuero de la demanda regula accidentes de tráfico, y alguien sustituyó «circulación de vehículos de motor» por «culpa o negligencia». No es una interpretación extensiva: es un precepto reescrito y entrecomillado como si fuera la ley.

Cómo se detectó: 0,23 segundos, y sin pedirlo

No hubo mérito personal. Ni siquiera hubo una orden. El escrito se le pasó al asistente para otra cosa —leer la demanda y preparar la contestación— y el propio asistente, al ver una cita legal entrecomillada, la contrastó por su cuenta contra el BOE antes de seguir leyendo.

Esa es la diferencia entre una herramienta y una integración. Un verificador al que hay que ir a preguntar solo detecta lo que ya sospechas. Un verificador que el asistente tiene a mano se dispara sobre todas las citas del documento, incluidas las que nadie habría mirado dos veces: precisamente las que están mal.

Por debajo es una llamada a verify_articulo con la referencia tal cual aparecía en la demanda. La herramienta no interpreta ni resume: baja el texto literal del artículo desde la API de legislación consolidada del BOE, devuelve la ficha de la norma (Ley 1/2000, BOE-A-2000-323), la fecha desde la que está vigente esa redacción y las notas de modificación. En este caso, además, avisó de que el artículo ha tenido seis redacciones distintas y de que, si los hechos son anteriores a 2022, la versión aplicable es otra.

Ese aviso es la mitad del valor. La otra mitad es que el resultado es determinista. No hay un modelo de lenguaje generando la cita: hay una consulta a la fuente oficial. Cuando el sistema dice que el artículo no existe, o que el apartado que se cita no figura en el texto consolidado, eso es la respuesta —y es justo la respuesta que hace falta para detectar una cita inventada o una renumeración que nadie actualizó.

De un artículo a un escrito entero

Verificar un artículo suelto está bien cuando ya sospechas. El problema real es el escrito de veinte páginas con treinta citas, del que no sospechas nada.

Para eso está auditar_escrito: se le pega el texto completo —demanda, contestación, recurso, dictamen, o el borrador que ha escrito otra IA— y devuelve, en menos de un segundo, un cuadro con cada cita clasificada. Cada resolución invocada: existe, tiene la numeración mal, la fecha no cuadra, o no consta en el corpus. Cada pasaje entrecomillado: comprueba si esas palabras están de verdad en la resolución a la que se atribuyen. Y cada artículo de ley, contra el BOE consolidado, como en el caso de arriba.

Tres familias de error, tres respuestas distintas:

• La cita que no existe. La jurisprudencia fabricada ya ha llegado a los tribunales españoles, y ya se está multando por ella.
• La cita que existe pero está mal identificada. El clásico: el número ROJ disfrazado de número de sentencia. Se cita la «STS 1134/2009» cuando la resolución real es la STS 174/2009, de 13 de marzo. La cita apunta a algo que existe; simplemente no es lo que se cree.
• La cita que existe, está bien identificada y no dice lo que se le hace decir. La de este pleito. Es la más difícil de ver a ojo y la más incómoda de recibir en una vista.

Ya no es una advertencia: es una multa

Mientras escribíamos esto se ha difundido el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 10 de febrero de 2026 (rec. 140/2025, ECLI:ES:TSJICAN:2026:1A). Los números están en el propio auto: de las 52 citas que contenía un recurso de apelación, solo 4 eran correctas. Las otras 48 —sentencias del Tribunal Supremo con número, fecha y párrafo entrecomillado, más un informe atribuido al CGPJ— no existían. Las había generado una herramienta de IA generalista y el letrado las incorporó al escrito sin comprobar ni una sola.

Lo detectó la documentalista del Tribunal, que revisó las citas una por una y las cruzó contra las bases de jurisprudencia. Su listado es una lección en sí mismo: sentencias cuyo número existe pero cuya fecha no cuadra, sentencias reales que tratan de tráfico de drogas cuando se las invocaba sobre credibilidad del testimonio, párrafos entrecomillados que no aparecen en ninguna parte. (Entre las referencias del listado figura, por cierto, una «STS 1134/2009»: exactamente el mismo número del ejemplo de más arriba.)

Y la Sala calculó la multa —420 euros, con la rebaja a la mitad por reconocer los hechos— tomando como referencia lo que le habría costado al letrado un año de suscripción a una herramienta de IA jurídica, que a su juicio habría evitado el resultado. El criterio es explícito: la Sala no reprocha usar IA; reprocha usar una herramienta generalista y no verificar la salida.

Ahí está la línea de tiempo. En 2023 el Tribunal Constitucional apercibió a un letrado por diecinueve citas alteradas. En 2024 el TSJ de Navarra archivó sin sanción un caso de un artículo del Código Penal colombiano citado como español, valorando la novedad del asunto. En 2026, el TSJ de Canarias dice que la novedad ya no vale como excusa, y multa.

Lo que esto le ahorra a un abogado

No le ahorra criterio. Detectar que el fuero invocado no es aplicable es trabajo de máquina; decidir qué hacer con ese hallazgo —declinatoria, alegación, o guardárselo— es trabajo de abogado, y no hay herramienta que lo sustituya.

Lo que ahorra es la comprobación. Las dos horas de abrir el BOE artículo por artículo, localizar cada sentencia citada y leer el fundamento para ver si el párrafo entrecomillado está realmente ahí. Ese trabajo es imprescindible, es tedioso, no lo paga el cliente y, por eso mismo, es el primero que se salta cuando el plazo aprieta.

Nearius lo hace en un segundo, contra fuentes oficiales, y deja constancia de contra qué se ha verificado y cuándo.

El día que la comprobación cuesta un segundo, dejar de hacerla ya no tiene excusa. Ni para quien redacta —que responde de lo que firma, aunque el error lo haya puesto una máquina— ni para quien recibe el escrito de enfrente.