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Producto · Acceso a la justicia

La primera IA jurídica con búsqueda gratuita e ilimitada

· Equipo Nearius

Cartel: Por fin, gratis. Muestra una búsqueda de ejemplo sobre desahucio por impago en arrendamiento rústico que devuelve la STS 1051/2025 con su ECLI y enlace al CENDOJ, y cuatro ventajas: búsqueda exacta, citas verificables, sin límite de consultas y sin tarjeta
Cartel: Por fin, gratis. Muestra una búsqueda de ejemplo sobre desahucio por impago en arrendamiento rústico que devuelve la STS 1051/2025 con su ECLI y enlace al CENDOJ, y cuatro ventajas: búsqueda exacta, citas verificables, sin límite de consultas y sin tarjeta

Nearius anuncia la primera IA jurídica con búsqueda de jurisprudencia gratuita, ilimitada y sin tarjeta. Se usa desde tu propia IA —Claude, ChatGPT, Gemini, Grok en X o Perplexity, y cualquier otra que admita conectores— y da igual si eres abogado con veinte años de ejercicio o alguien que tiene un problema fiscal, jurídico o administrativo entre manos. Detrás está Instituto de Innovación en Inteligencia Artificial, S.L., la startup española dedicada a la investigación en inteligencia artificial que desarrolla Nearius.

Gratis de verdad

Lo gratuito es un motor de búsqueda exacto y rápido sobre el corpus completo de jurisprudencia española y europea: encuentra desahucio aunque la sentencia diga desahucios, da igual cómo acentúes, responde en milisegundos y cada resultado llega con su ECLI y su enlace a la fuente oficial. Sin tarjeta, sin límite de consultas y sin periodo de prueba que se convierta en cobro: si nunca pagas, nunca pagas.

¿Y con qué IA sale todo gratis, de principio a fin? Hoy, con Claude: su plan gratuito admite un conector personalizado —uno solo; pocas formas mejores de invertirlo—. Una cuenta gratuita de Claude más el conector de Nearius es, literalmente, una IA jurídica totalmente gratis: gratis el modelo, gratis la búsqueda, cero euros. En ChatGPT el conector funciona igual de bien, pero desde su plan Plus: ahí lo gratis es solo nuestra parte. El paso a paso, pantalla a pantalla, está en vídeo en nuestro canal de YouTube, @legalnearius.

¿Y por qué lo regalamos? Porque la búsqueda no es lo que cuesta dinero: lo que las editoriales jurídicas llevan dos décadas cobrando a 200 o 500 euros al mes es, en el fondo, acceso a un buscador. Y porque es lo que dice la norma: la Directiva (UE) 2019/1024, de datos abiertos, y su transposición española, la Ley 37/2007 (BOE-A-2007-19814), cuyo artículo 7 abre así: «La reutilización de los documentos será gratuita». Los tribunales han tumbado los peajes sobre las sentencias del CENDOJ (ECLI:ES:TS:2011:7587; ECLI:ES:APPO:2024:738). La jurisprudencia ya era, jurídicamente, de todos; lo raro es que haya costado cuatrocientos euros al mes durante veinte años.

Pro: las funciones avanzadas

Pro —29,99 € al mes, IVA incluido, sin permanencia, consultas ilimitadas— no es quitarle candados a lo gratuito: son las funciones avanzadas que hacen lo que un buen letrado hace con los resultados antes de escribir una línea. Cinco cosas que la búsqueda, por sí sola, no contesta:

Lo que quieres decir, no solo lo que sabes nombrar. El ciudadano al que multaron tarde no sabe que su problema se llama caducidad del procedimiento sancionador. La búsqueda avanzada entiende el sentido de la consulta: describes el caso como lo contarías, y encuentra las resoluciones que hablan de eso aunque lo llamen de otra forma.

Que la doctrina siga viva. La línea jurisprudencial completa y quién resuelve al revés que la sentencia en la que te apoyas. Ir a una vista sin saber qué va a citar la otra parte es ir a medias.

Que el pasaje exista de verdad. Pro audita el escrito entero —el tuyo o el que te ha devuelto otra IA— y comprueba cita por cita si el entrecomillado consta en la resolución, si el número identifica lo que dices y si el artículo de ley dice lo que le haces decir, contra el texto consolidado del BOE.

Que el artículo estuviera vigente en la fecha de los hechos. La redacción que importa es la de la fecha del hecho, no la de hoy. Es el fallo silencioso de casi toda IA jurídica: te da el texto actual con total aplomo.

Que sepas ante quién escribes. Estadística real del tribunal y del ponente: qué materias lleva, cómo suele resolver, qué doctrina cita. Un mismo argumento se redacta distinto según quién lo vaya a leer.

Por debajo no hay un buscador con adornos: la búsqueda avanzada entiende el sentido de la consulta y recorre la red de relaciones del corpus para devolverte líneas doctrinales completas, no resultados sueltos. A eso se suman los plazos calculados con los festivos del municipio que corresponde y el cruce con Catastro y BORME cuando el asunto tiene un inmueble o una sociedad detrás. Si con la búsqueda gratuita te basta, quédate en ella y no nos debes nada. Si lo que tienes entre manos va a leerlo un juez, el criterio se paga —y sigue costando veinte veces menos que una editorial.

El caso que nos ha convencido: el escrito administrativo

Un abogado tiene bases de datos, compañeros y oficio. Quien recibe una resolución de la administración tiene un papel con un plazo y un lenguaje que no entiende. Y sin embargo la Ley 39/2015 (BOE-A-2015-10565) le reconoce derechos muy concretos: formular alegaciones y aportar documentos que deberán ser tenidos en cuenta (art. 53), diez días para subsanar una solicitud incompleta antes de tenerle por desistido (art. 68), y un mes para interponer el recurso de alzada cuando el acto es expreso; pasado ese mes, la resolución es firme a todos los efectos (art. 122).

Un mes. La barrera casi nunca es jurídica: es de información y de calendario. Con el plan gratuito, esa persona puede pedirle a su IA que localice cómo han resuelto los tribunales casos como el suyo, con las resoluciones reales delante y sus ECLI para comprobarlas. No sustituye a un abogado. Es la diferencia entre escribir a ciegas y escribir sabiendo qué se ha dicho antes.

Y hay una ventaja más, quizá la mayor: dejar de ir a ciegas también al abogado. Puedes darle a la IA toda tu documentación —resoluciones, requerimientos, contratos, correos— y valorar con ella qué importa y qué entregar, cuando antes ni sabías qué papeles eran relevantes y se quedaban en un cajón cosas decisivas. Una reunión con un profesional se prepara, como cualquier reunión que importa: llegar con el expediente ordenado, las fechas claras y las preguntas escritas convierte la primera consulta en una primera decisión, y cada minuto del abogado se dedica al caso, no a reconstruirlo. Y cuando de orientarse se pasa a presentar —una sanción con cifra, un plazo corriendo—, ahí entran la verificación y los plazos de Pro.

Gratis, pero no a cualquier precio

Cuando alguien pregunta por su multa a una IA generalista, la IA contesta con seguridad, con formato y, a veces, con sentencias que no existen: jurisprudencia fantasma. Ya se multa por ello — lo contamos aquí a propósito del auto del TSJ de Canarias de 10 de febrero de 2026 (ECLI:ES:TSJICAN:2026:1A), con 48 citas inexistentes en un solo recurso. Aquella multa fue de 420 euros: más de lo que cuesta un año entero de Pro. Preferimos que la consulta se haga gratis contra un corpus real a que se haga a ciegas contra un modelo que improvisa.

Lo que no vamos a prometerte

Ni que esto sea infalible, ni que no necesites abogado. Nearius es una herramienta de apoyo a la investigación jurídica, no asesoramiento, y la promesa es que todo lo que devolvemos es verificable: cada resolución con su ECLI y su enlace a la fuente oficial, y cada artículo contra el consolidado del BOE. Comprueba las citas antes de llevarlas a un escrito. Y si hay dinero, plazos o sanciones de por medio, busca a un profesional: llegarás a esa conversación sabiendo de qué se habla.

El corpus está ahí, y ya no hay peaje para entrar.

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