Lo que dicen 1.233 sentencias del Tribunal de Cuentas

Si te demandan ante el Tribunal de Cuentas, lo más probable es que acabes pagando algo. Y si te condenan y recurres, lo más probable es que pierdas. No es una opinión: es lo que sale de leer las 1.233 sentencias de la Sección de Enjuiciamiento publicadas desde 1983, que acabamos de incorporar a Nearius.

Las cifras que siguen salen de clasificar automáticamente el fallo y los hechos de cada sentencia, con una muestra revisada a mano. Son aproximadas a un par de puntos, y cada una se puede comprobar documento a documento.

Siete de cada diez apelaciones se pierden

De 569 sentencias de apelación de la Sala de Justicia con fallo clasificable, 389 desestiman el recurso íntegramente: el 68 %. Otras 129 lo estiman en parte y solo 51, una de cada once, lo estiman del todo. Es el dato más contundente del corpus y el que más conviene tener delante antes de aconsejar un recurso.

En instancia el cuadro es distinto. De 519 sentencias de los Departamentos de Enjuiciamiento con fallo clasificable, 148 estiman la demanda, 158 la estiman en parte y 213 la desestiman: el 59 % termina con algún reintegro. Y en dos de cada tres el Ministerio Fiscal es quien demanda, solo o junto a la entidad perjudicada. La vía, además, es rápida: desde que se abre el procedimiento de reintegro hasta la sentencia de instancia, la mediana es de un año; uno de cada cinco tarda tres o más.

No es lo que piensas: sueldos y contratos, no solo comidas

La imagen popular del Tribunal de Cuentas son las tarjetas y las comidas. Los hechos dicen otra cosa. El primer motivo de las 553 sentencias de instancia son las retribuciones y el personal (163 sentencias): sueldos de directivos y gerentes de empresas y entes públicos por encima de lo autorizado, complementos, pluses y gratificaciones sin cobertura legal, dedicaciones exclusivas de concejales aprobadas sin amparo, alguna nómina pagada dos veces. Después vienen contratación y obras (118), subvenciones y ayudas (95), gastos de representación, dietas y tarjetas (90) y recaudación, caja y arqueo (83).

Lo que más prospera es lo más tangible: las demandas por recaudación y arqueo terminan con reintegro en el 75 % de los casos y las de gastos de representación y tarjetas en el 72 %. Las más técnicas prosperan menos: retribuciones, 56 %; subvenciones, 53 %; y la contratación, la última, 44 %.

Cuánto se condena

Con el importe extraído del fallo de 185 sentencias condenatorias de instancia, la mediana es de 38.382 euros. Un cuarto de las condenas está por debajo de 10.300 euros, el 57 % por debajo de 50.000, y 17 superan el millón. Por materias, las más altas no son las más frecuentes: anticipos y fondos a justificar, mediana de 101.816 euros; patrimonio y enajenaciones, 100.906; recaudación y caja, 48.381; subvenciones, 17.874. Y en todas las condenas, sin excepción, se añaden los intereses; en una de cada cuatro los responsables lo son solidariamente, y en un 8 % hay además un responsable subsidiario, normalmente quien debía controlar.

La cola, en cambio, es enorme. La condena más alta del corpus es la del Ayuntamiento de Marbella: 66.506.023,16 euros de principal por los ejercicios 1990 a 1999, en sentencia firme del Departamento Primero de 12 de abril de 2011, con los herederos del alcalde declarados responsables directos solidarios. Le siguen la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, 25.752.103,63 euros en 2018 por enajenación de patrimonio inmobiliario, y el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), 7.665.733,92 euros en 2013; de estas dos no consta la firmeza en el portal.

Dónde se libra la batalla

Los argumentos de defensa tienen su propia estadística. La ausencia de dolo o negligencia grave aparece en el 84 % de las sentencias y la prescripción en el 72 %. Después, la falta de nexo causal (51 %), la carga de la prueba (42 %), la falta de legitimación (36 %) y la prejudicialidad penal o cosa juzgada (21 %). La caducidad y la incompetencia de jurisdicción quedan por debajo del 10 %.

Pero alegar no es ganar. La prescripción, el argumento estrella, solo se estima en 43 sentencias: el 5 % de las que la discuten. Se alega en siete de cada diez pleitos y gana en uno de cada veinte.

Los cargos que aparecen como protagonistas de los hechos, por frecuencia: interventores (197 sentencias de instancia), alcaldes (173), gerentes y directores generales (162), tesoreros (138), concejales (88) y secretarios-interventores (75). Quien controla el dinero sale tanto como quien lo gasta.

Es un asunto de ayuntamientos, y de dos provincias

651 resoluciones afectan a ayuntamientos frente a 34 a diputaciones y cabildos. Por provincias, Madrid encabeza con 365 y Málaga es segunda con 165, por delante de Barcelona (113), Valencia (79) y León (62). Málaga se explica con dos nombres: Marbella, con 37 resoluciones entre 2002 y 2018, y Estepona, con 15 entre 2006 y 2012.

Y aquí aparece el patrón que más interesa a quien asesora a una corporación. De 64 ayuntamientos con informe de fiscalización propio del Tribunal, 13 tuvieron después procedimientos de responsabilidad contable. Marbella fue fiscalizada en 2001, 2008 y 2010; Estepona en 2003; Seseña en 2010 y Zaragoza en 2010, con resoluciones en 2012 y 2011. El informe de fiscalización es, con años de distancia, el aviso.

Qué revisa el Tribunal cuando fiscaliza

Los 1.715 informes, memorias, mociones y notas desde 1983 tienen también su reparto. Por objeto: comunidades autónomas (360 documentos), empresas y entes públicos (272), entidades locales (188), contratación pública (167) y partidos políticos y procesos electorales (144), una competencia que casi nadie recuerda. Por décadas, en los noventa el Tribunal fiscalizó sobre todo autonomías; desde 2010, empresas públicas y contratación.

Para qué sirve saberlo

Cada uno de estos porcentajes es una pregunta que un abogado se hace antes de aconsejar: recurrir o no, qué alegar, cuánto puede acabar costando, si la entidad ya estaba en el radar del Tribunal. Hasta ahora no había forma de responderlas con datos, porque esta jurisdicción no está en el CENDOJ y su portal no permite cruzar nada. Ahora cada cifra de este artículo se puede bajar a la sentencia concreta, con su enlace oficial, y comprobar.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena recurrir una sentencia del Tribunal de Cuentas?

Estadísticamente, pocas veces: de 569 sentencias de apelación de la Sala de Justicia con fallo clasificable, 389 desestimaron el recurso íntegramente, un 68 %. Otras 129 lo estimaron en parte y solo 51, el 9 %, lo estimaron del todo. Antes de apelar conviene saber qué argumentos han prosperado en casos iguales, y eso es lo que permite consultar el corpus completo.

¿Qué probabilidad hay de que prospere una demanda de responsabilidad contable?

Más de la mitad. De 519 sentencias de instancia de los Departamentos de Enjuiciamiento con fallo clasificable, 148 estimaron la demanda, 158 la estimaron en parte y 213 la desestimaron: el 59 % termina con algún reintegro. Y la vía es rápida: desde que se abre el procedimiento hasta la sentencia de instancia, la mediana es de un año.

¿Cuáles son los motivos más frecuentes de responsabilidad contable?

Retribuciones y personal es el primero: 163 de las 553 sentencias de instancia tratan de retribuciones de directivos de entes públicos, complementos y pluses sin cobertura o dedicaciones exclusivas de cargos electos. Después, contratación y obras (118), subvenciones (95), gastos de representación y tarjetas (90) y recaudación y caja (83).

¿Qué argumentos de defensa se usan ante el Tribunal de Cuentas?

La ausencia de dolo o negligencia grave aparece en el 84 % de las sentencias y la prescripción en el 72 %; después, la falta de nexo causal (51 %), la carga de la prueba (42 %), la falta de legitimación (36 %) y la prejudicialidad penal o cosa juzgada (21 %). Pero alegar no es ganar: la prescripción, la más repetida, solo se estima en 43 sentencias, el 5 % de las que la discuten.

¿Un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas acaba en condena?

A veces, y con años de distancia. De 64 ayuntamientos con informe de fiscalización propio, 13 tuvieron después procedimientos de responsabilidad contable. Marbella fue fiscalizada en 2001, 2008 y 2010 y acumula 37 resoluciones entre 2002 y 2018; Estepona, un informe en 2003 y 15 resoluciones entre 2006 y 2012. En el plan Pro de Nearius se cruzan los dos corpus por entidad.